Las Leyes de Reforma y las Constituciones liberales federal (1857) y estatal (1858) consolidaron una serie de intentos previos por terminar con la propiedad social de los pueblos indígenas. Ordenaron la desamortización de las tierras de común repartimiento de los pueblos, desconociendo a la vez la personalidad jurídica de sus ayuntamientos.

Sin embargo, la resistencia contra las Leyes de Reforma de parte del sector conservador, que llevó a México a la guerra civil y eventualmente a la intervención francesa, evitó también en Chiapas la aplicación de la desamortización de las tierras comunales conforme a lo decretado. En un contexto en el que el estado se encontraba envuelto en una serie de luchas internas entre liberales y conservadores, asolado por invasiones de tropas desde Guatemala, aislado del resto del país entre 1864 y 1867 por la lucha contra el imperio francés, seguido por la mal llamada Guerra de Castas (1867-1872) y continuas pugnas entre diferentes caudillos liberales que duraron hasta finales de los años 70 del siglo XIX, los gobiernos chiapanecos utilizaron la Ley Lerdo como arma política. Su aplicación se practicó a discreción, y básicamente en contra del enemigo político y su principal representante: la Iglesia. Mientras que los bienes eclesiásticos sí fueron desamortizados, el gobernador Pantaleón Domínguez procuró no lastimar los intereses de los pueblos indígenas para no empujarlos a los brazos del bando conservador. Por el contrario, defendió la libertad de credo, decretó la creación del puesto de Protector de Indígenas, y los diputados discutieron la condonación de todas las deudas de los mozos en las fincas. Tres medidas dirigidas contra el bando conservador clerical en el estado y destinadas a mantener el apoyo de los pueblos indígenas.

A pesar de la no aplicación de la Ley Lerdo contra las tierras comunales, los pueblos no se salvaron de una cada vez mayor presión por parte de los grupos ladinos sobre sus tierras, lo que provocó que varios grupos indígenas se retiraran de sus pueblos originarios en búsqueda de nuevos asentamientos donde obtener tierras no disputadas y poder establecer su propia autoridad (La Independencia, Las Margaritas, San Diego La Reforma), mientras otros aprovecharon la ingobernabilidad para reforzar sus estructuras de autogobierno (San Juan Chamula). Los intentos de los gobiernos de Climaco Corzo (1861-62) y de Pantaleón Domínguez (entre 1864-1875) de romper la cohesión de la población de San Juan Chamula, cuyo simple número de más de 10 mil habitantes, fue percibido por los ladinos como una constante amenaza para la capital de San Cristóbal, fracasaron rotundamente. En 1862 fracasó el intento de fraccionar el municipio de San Juan Chamula para así formar dos nuevos municipios (Saclamentón y Nuevo Edén), y debilitar la cohesión social de este pueblo. De la misma manera se frustró en 1870 el proyecto del gobierno de segregar una parte del mismo municipio con el nombre El Progreso.

De igual manera, los pronunciados intereses de los gobiernos federales liberales en consolidar el territorio nacional, reforzando los límites y promoviendo la colonización de regiones hasta entonces despobladas e improductivas, tuvieron su impacto sobre la política del gobierno chiapaneco. La creación de varios municipios (Juárez, La Libertad, Unión Juárez y Cantón Frontera), permite reconocer el empeño por reforzar los límites estatales con Guatemala pero también con el vecino estado de Tabasco, que reclamaba constantemente su derecho sobre regiones de los departamentos de Pichucalco y Palenque. Por otra parte es notorio su deseo de establecer la presencia de autoridades en regiones marginales (Comalapa, Valle de Custepeques, Villa Corzo y Villa Flores) del estado para integrarlas a la producción.

El cambio de régimen y el ascenso de Porfirio Diaz al poder trajo profundos cambios también para Chiapas. El marcado interés del gobierno en pacificar el país y fomentar su modernización y eventualmente su integración como exportador de materias primas al mercado internacional requería una serie de pasos, empezando por un acercamiento a los mercados financieros europeos y norteamericanos, para costear la necesaria reforma de la infraestructura administrativa burocrática. Con ello se crearon nuevos códigos bancarios, de comercio, de minería, y de vías de comunicación para con ellos garantizar la seguridad de las nuevas inversiones y proceder a la modernización de puertos, ferrocarriles y caminos, abriendo así el campo a nuevos cultivos.

En Chiapas, los proyectos de modernización del campo estaban íntimamente relacionados con los deslindes de las tierras baldías, la construcción del ferrocarril entre el Istmo de Tehuantepec y el Suchiate y con la problemática fronteriza entre Chiapas y Guatemala. Especialmente el despegue del cultivo de café dependía de estos tres campos de acción gubernamental. La presencia de las grandes compañías deslindadoras que ofrecía a los inversionistas tierras ya medidas y con título formal por parte del gobierno atrajo cada vez más interesados, pero la seguridad de sus adquisiciones dependía de un tratado de límites entre México y Guatemala, que finalmente se logró en 1882 y 1895. Una vez en producción, el éxito de las fincas de café en el Soconusco en el mercado dependía en buena medida de las facilidades de exportación que se realizaba desde los años 70 por la rada de San Benito y a partir de 1908 por vía del ferrocarril que conectaba a Tapachula con los puertos del golfo de México.

El tratado de límites con Guatemala incluyó un intercambio de territorio. Mientras México cedió al municipio de Ayutla – el municipio más oriental del Soconusco- recibió en junio de 1884 a cambio los tres municipios alteños de Motozintla, Mazapa y Amatenango (de la Frontera) con una población de alrededor de 3 000 guatemaltecos. La constante inmigración desde la vecina república a estos y otros municipios aledaños y la importancia que toda esta parte fronteriza obtuvo como proveedor de mano de obra para las fincas del Soconusco, hizo buscar a Chiapas mayor presencia de autoridades mexicanas y garantizar el control sobre los “extranjeros” y la mano de obra. De 1884 en adelante, Chiapas no solo tuvo sus ojos sobre los tres municipios adquiridos, sino que estaba formando una nueva región que abarcaba aparte de aquellos igual el Cantón de la Frontera, Siltepec, Chicomuselo y San Pedro Remate, con lo que reunió toda la zona de inmigración guatemalteca, primero bajo control del Jefe Político de Tapachula (1884-1890), después como parte del departamento de Comitán (1890-1892) y a partir de 1892 como Subjefatura hasta 1909 cuando fue elevado a Jefatura Política.

Las disputas entre guatemaltecos ladinos e indígenas por el poder en los municipios fronterizos le dieron al gobierno la posibilidad de tener mayor presencia y control sobre la región. Para intensificar el control sobre esta región fronteriza, el gobierno autorizó la creación de cuatro nuevos municipios: Siltepec, San Pedro Remate, Cantón de la Frontera y San Antonio La Grandeza. Los municipios indígenas de Siltepec y San Pedro Remate, segregados del Cantón de la Frontera, establecieron por primera vez ayuntamientos en zonas donde antes solo había comisionados rurales; mientras que la instauración de ayuntamientos en El Porvenir y San Antonio La Grandeza ofreció a la vez solución a varios conflictos sociales. El Porvenir con su población indígena Mam fue segregado de Motozintla donde predominaba la población indígena mochó y el grupo ladino, este último proveniente de Tacaná y Tajumulco. La ranchería San Antonio La Grandeza, en cambio, estaba dominada por población ladina que promovió la segregación de la cabecera de Mazapa que era controlada por población indígena Mam.

En distintos momentos del Porfiriato y en los dos extremos del estado fueron creados otros dos municipios fronterizos. La razón para la creación del municipio de Santuario de La Reforma no está del todo clara, pero la poca e incompleta información disponible permite suponer que ha tenido que ver con la disputa de esta región entre Tabasco y Chiapas desde la época colonial en términos tanto civiles como eclesiásticos. El nuevo municipio se formó de la parte más norteña de la jurisdicción del pueblo de Juárez y del departamento de Pichucalco, cuya totalidad Tabasco consideraba como una usurpación de su territorio estatal.

Para complicar la situación, por decreto consistorial del papa León XIII fue desmembrado en 1880 el Obispado de Yucatán, segregando al nuevo obispado de Tabasco. En esta reorganización de la jurisdicción eclesiástica le fueron adjudicados al nuevo obispado varias parroquias de Chiapas y de Oaxaca (Antequera). El obispado de Chiapas tuvo que ceder a Palenque, Tila, Moyos y Pichucalco “de modo que la nueva Diócesis de Tabasco, vendrá a ser más amplia que el Estado Civil del propio nombre.” En respuesta a esta decisión eclesiástica, y para subrayar la buscada coincidencia de los límites civiles con las eclesiásticas, el gobierno de Chiapas mandó formar el 12 de enero de 1883 el nuevo municipio dándole el nombre de la principal legislación anticlerical de su época “La Reforma”. Desde Tabasco, donde empresarios ya habían conseguido una concesión para construir un ferrocarril que conectara el estado con Pichucalco, vino como un mes más tarde una réplica más bien simbólica con el nombramiento de un Jefe Político tabasqueño para la región de Pichucalco.

De igual forma, otros dos pueblos debían su elevación a municipios a proyectos de infraestructura. Desde los años 70 del siglo XIX se discutían planes para conectar por ferrocarril el centro del país con Centroamérica y eventualmente el resto de Sudamérica. Para beneficiar con este proyecto también la economía chiapaneca, se planteó una segunda vía que debía conectar con Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, partiendo de una ranchería llamada Jalisco cercana a Tonalá en la costa pacífica, donde a la vez se propuso la construcción de un puerto de altura.

El 12 de enero de 1892, adelantándose el gobierno del estado a la construcción del ferrocarril, inició su proyecto de un puerto de altura para la exportación; esto lo hizo elevando a la congregación de familias de El Puerto a municipio, bajo el nombre de Puerto Arista. Sin embargo, debido a que se trataba de una simple rada abierta y que el estero de Paredón resultó no apto para la formación de un puerto, en 1921 Puerto Arista fue bajado a categoría de Agencia Municipal de Tonalá, de cuyo territorio había sido originalmente segregado

Así mismo, el proyecto de ferrocarril sufrió muchos contratiempos y retrasos, siendo finalmente concluido en 1908. La inauguración de esta línea entre el Istmo y la frontera con Guatemala dio paso a que creciera la ranchería Jalisco a tal grado que en 1910 fuera segregada de Tonalá y elevada a categoría de municipio con el nombre de Arriaga y con la perspectiva de que en este lugar se unieran las líneas de exportación del interior de Chiapas y las del apreciado café del Soconusco. Aunque el gran auge económico esperado nunca llegó, durante las siguientes décadas para la población chiapaneca y el comercio del Estado, la estación de ferrocarril de Arriaga se transformó en punto clave que los conectó con el resto de México y del mundo.

El punto final del trayecto del ferrocarril Panamericano en tierras mexicanas fue una pequeña ranchería con el nombre de Mariscal-Suchiate. Pero antes de que este lugar fuera elegido como punto de conexión para el sistema ferroviario de Centroamérica, el pueblo importante era Frontera Díaz, igualmente contigua al río Suchiate. Fundado a principio de los años 90 del siglo XIX, en 1899, este pueblo formado por migrantes que habían salido pocos años antes del pueblo de Ayutla, fue elevado a rango de municipio, segregándolo de Metapa, al perfilarse como el futuro punto clave para el comercio entre México y Guatemala, gracias a un vado que facilitaba el cruce del río. Pero después de la guerra civil y la reanudación normal del tráfico ferroviario a principios de los años 20 junto con la construcción de un puente sobre el río en Mariscal Suchiate, su suerte cambió. En poco tiempo Frontera Díaz, después Frontera Hidalgo, perdió su papel, cediendo su lugar como paso para el comercio fronterizo a Mariscal-Suchiate (Suchiate).

Mientas los mencionados pueblos se formaron básicamente en las zonas periféricas del Estado, los problemas por tierras entre indígenas y ladinos en su interior siguieron impulsando -primordialmente a la población indígena- a buscar espacios menos conflictivos y en dónde practicar el autogobierno. Durante el Porfiriato por lo menos dos pueblos se unieron al grupo de nuevos municipios formados a consecuencia del avance de la población ladina sobre pueblos y tierras indígenas.

Desde noviembre de 1876 la antigua ranchería tumbalteca de Chacavanté, ubicada en el valle del río Tulijá, se transformó en refugio de indígenas tzeltales de Yajalón que ese año, de manera organizada, salieron de su lugar de origen “debido a los sufrimientos que padecen en dicho pueblo”. El camino de transformación de esta ranchería en pueblo fue bastante irregular y comprueba que no había reglas fijas para la creación de nuevos pueblos. Cuando en 1891 se midió la extensión del denuncio de El Naranjo, el agrimensor respetó, entre otros predios, la legua cuadrada del ejido de Trinidad (Chacavanté). Esto indica que Trinidad ya era reconocido como pueblo. Sin embargo, en 1907 aparece en el Periódico Oficial todavía como Agencia municipal de

Nuevo León (Yetalchén) 15/11/1897

En 1897 culminó un viejo conflicto sobre tierras entre los vecinos indígenas de Teopisca y San Diego de La Reforma, por un lado, y los ladinos terratenientes de las familias Coello, Paniagua y Castro, por el otro. Cuando Wenceslao Paniagua solicitó la remedida de la finca Concepción Valunhuitz, se destapó un enredo entre tierras solicitadas décadas atrás por vecinos de Teopisca, compras de tierras hechas al gobierno por otros vecinos indígenas y ladinos de Teopisca, compras hechas con posterioridad de ladinos a indígenas, más las adjudicaciones de tierras ejidales a Teopisca y tierras adjudicadas en 1868, al formarse el pueblo de San Diego de La Reforma. La poca formalidad en estos tratos y el constante problema con los grandes hatos de ganado que depredaban las milpas de los campesinos, llevó a una avalancha de denuncias por invasión por parte de los indígenas de Teopisca, así como a protestas por usurpación de sus supuestas fincas por parte de los ladinos: lo cual conllevó a varios procesos en el juzgado de 1ª Instancia de San Cristóbal. Para recuperar los terrenos en disputa, la ranchería Yetalchén, habitada por indígenas teopiscanos, y frente al peligro de que sus tierras fueran integradas a las propiedades circundantes, ésta solicitó su elevación a pueblo y la adjudicación de las tierras en cuestión como ejido del pueblo. El gobierno respondió positivamente a la petición; sin embargo, frente a la total indefinición de límites entre los ejidos de San Diego La Reforma y los de Teopisca en su colindancia con las propiedades privadas, y la falta de claridad en los títulos de ambos grupos, el gobierno confesó en su memoria su incapacidad de llevar a cabo la ejecución completa del decreto de formación del pueblo, refiriéndose a la demarcación jurisdiccional del nuevo poblado de Nuevo León. Finalmente, las autoridades le adjudicaron 14 caballerías (alrededor de 600 hectáreas) de tres propiedades colindantes más una extensión no especificada en extensión de parte de Teopisca que renunció a todos los derechos que pudiera tener sobre estas tierras. Pero Nuevo León sufrió la misma escasez de tierras que el vecino municipio de San Diego La Reforma, viéndose en la necesidad de recuperar tierras de las propiedades colindantes. Ambos municipios unieron fuerzas y ocuparon en 1919 parte de la finca colindante Mispia que con sus más de 5000 hectáreas tenía mayor extensión que ambos municipios juntos.

En 1921 el gobierno del general Tiburcio Fernández Ruiz bajó a Nuevo León a categoría de Delegación y después a Agencia Municipal de Teopisca, reintegrándose su extensión municipal de nueva cuenta a la antigua cabecera.

Berriozábal (Don Rodrigo) 30/05/1898

Entre las primeras haciendas de la provincia de Chiapa estuvieron las de Santa Catalina y San Sebastián en las cercanías al pueblo de Tuxtla. Al unirse estas dos en 1598 se formó la hacienda Don Rodrigo, la cual después de pasar por varios dueños, en 1794 fue adquirida por la familia del posterior gobernador Miguel Gutiérrez. Ésta dividió la propiedad en diez fracciones, dando el primer paso a la estructura mancomunada en la cual participaron varias familias destacadas del liberalismo chiapaneco: Gutiérrez, Yañéz, Montesinos, Castañón, Orantes. A lo largo del siglo XIX en el poblado de Don Rodrigo se fue juntando una considerable población que, en 1898, ante la amenaza de ser expulsada por los mancomuneros pidieron su elevación a pueblo, lo cual les fue concedido el 30 de mayo del mismo año. Sin embargo, nuevamente la poca precisión del título original hizo que los mancomuneros se apoderaran de mayores extensiones, cercando las fuentes de agua y cerrando caminos; con ello impedían al gobierno la correcta localización de las considerables demasías, que deberían haber sido adjudicadas al nuevo pueblo. Según información que no pudo ser corroborada, la jurisdicción del nuevo municipio fue fijada apenas en diciembre de 1908, es decir 10 años después de su formación. Incluso el fundo del nuevo pueblo fue medido hasta 1909, cuando bajo presión de las autoridades, los mancomuneros midieron y deslindaron finalmente cada uno su parte.

El impacto más severo sobre la división territorial municipal del estado de Chiapas durante la temporada aquí considerada, no provino tanto de la creación de nuevos municipios, sino sobre todo de repetidos intentos de los gobiernos por reducir su cantidad. Estas maniobras, parcialmente exitosas, provocaron marcadas fluctuaciones en el número de municipios y por consecuencia en la división territorial, siendo las jurisdicciones de más de la mitad de ellos temporalmente integradas a otras circunscripciones vecinas.

Aunque durante los primeros cien años de independencia de España, varios de los municipios decretados por las sucesivas legislaturas no lograron nunca entrar en una vida institucional, no se ha detectado ningún decreto que declarara la desaparición de algún municipio y su integración a otro vecino. Fue curiosamente siete años después de que Venustiano Carranza decretara La Ley de Municipio Libre (25/12/1914), cuando el gobierno conservador en Chiapas emprendió una cruzada enfocada en eliminar la mayor parte de los municipios existentes y en someter a su población al control político de personas y ayuntamientos ajenos a sus intereses. De hecho, la ley tenía el propósito de eliminar las autoridades intermedias (Jefaturas Políticas) entre gobierno y ayuntamientos, de reforzar los autogobiernos locales en las prácticas democráticas y de promover y reforzar su progreso material e intelectual.

Después de seis años de guerra civil en el estado, la nueva Constitución (1921) que decretara la mencionada desaparición de los municipios, tuvo claros tintes políticos y estaba dirigida, en primera línea, en contra de los municipios indígenas que durante los seis años de ocupación carrancista (1914-1920) habían apoyado a este gobierno en contra de los grupos contrarrevolucionarios formados por la clase media terrateniente. Con la contrarrevolución en el gobierno, de los 136 municipios existentes hasta 1921, 77 fueron degradados a delegaciones o agencias de entidades municipales vecinas por supuesta incapacidad de mantenerse solos. Efectivamente la mayoría de ellos eran municipios pequeños donde la población indígena era la dominante. Sin hacer distinción entre municipios de larga data y municipios de reciente creación, todos ellos fueron sujetados económica-, política- y socialmente a municipios colindantes donde la población ladina, aunque no necesariamente mayoría, sí tenía el control político. Desde la perspectiva de los mapachistas el proyecto carrancista había vaticinado un futuro poco halagador a la clase terrateniente ladina, inmersa en una cultura de ranchos y haciendas, y cuya base era precisamente la mano de obra barata indígena. Así que, una vez conquistado el poder, el gobierno de Fernández Ruiz aprovechó para reformar al artículo 2° de la Constitución estatal con el objetivo de revertir los logros de la Revolución Mexicana y de reestablecer las condiciones sociales y económicas prerrevolucionarias.

Esta política, basada en la supuesta inviabilidad de estos municipios desaparecidos, mostraba así una fuerte tendencia racista, reafirmando los prejuicios de larga data con respecto a la presumida incapacidad de los pueblos indígenas de autogobernarse, y por tanto de requerir la mano patriarcal del estado y del grupo ladino para ser por fin inducidos a la civilización. La lista de los pueblos rebajados de categoría y sus características recuerdan vívidamente los esfuerzos y argumentos utilizados por los primeros gobiernos post independientes en Chiapas para someter a la mayoría de los pueblos indígenas al control de autoridades de pueblos ladinos.

Al año de esta drástica medida, constantes protestas por parte de las ahora delegaciones o agencias municipales, obligaron al gobierno a revocarla. No obstante, la nueva reforma al Art. 2° Constitucional en 1922 no regresó a todos su estatus de municipio libre. Mientras a unos sí les fue devuelto su categoría todavía este año, otros tuvieron que esperar hasta 1925, otros hasta 1935 e incluso Cancuc recuperó su estatus apenas en 1989. Sin embargo, a un siglo de esta tajante decisión política, sus secuelas aún son visibles; 23 de los 77 municipios rebajados de categoría en 1921 no han logrado recuperar su estatus y siguen como agencias municipales hoy en día.

Durante los 78 años considerados en este apartado, las legislaturas estatales decretaron la formación de ocho nuevos municipios (sin contar la reconstitución de municipios que habían sido afectados por la Constitución de 1921). Entre ellos estaban dos que en 1921 ya volvieron a perder su calidad de municipio libre (Montecristo de Guerrero, en La Concordia y Espinal de Morelos en Ocozocuautla, ambos de 1912) y otro cuya constitución no se logró (Crescencio Rosas de 1913 en San Pablo Chalchihuitán). Con la excepción del nuevo municipio de Ángel Albino Corzo, que se formó en 1933 de los pueblos de La Concordia, Jaltenango y Montecristo de Guerrero y ocupó una extensión de casi 600 km2 en la parte sur-oriental del Valle Central, los demás eran municipios de mediana (Bochil 365 km2, Tzimol 358 km2) o corta extensión territorial (Suchiate 237 km2 y Cancuc 173 km2).

La explicación para la reducida cantidad de nuevos municipios en estos casi 80 años, la encontramos en la Revolución Mexicana y la posterior Reforma Agraria, que abría nuevas posibilidades a los pueblos y rancherías de obtener las tierras necesarias y alcanzar cierta autonomía. Hasta la Revolución, la regla había sido que solamente podría existir un ejido de diferente tamaño -en una o dos fracciones- en cada municipio, dependiendo de su extensión y de la cantidad de población registrada. Sin embargo, las rancherías formadas por población que había salido del asentamiento principal dentro del mismo territorio del municipio solo tenían dos posibilidades para acceder a las tierras: la mejor opción era trabajar tierras que la autoridad municipal consideraba y defendía como tierras comunales y que el estado defendía como baldíos o nacionales, y donde no entraban en conflicto con propiedades privadas existentes; o entrar en la lógica del estado, solicitando que fuera elevada la ranchería a pueblo para entonces ser beneficiado con una jurisdicción propia y con los ejidos que le correspondían. En la mayoría de los casos decimonónicos, los habitantes de las rancherías optaron por mantenerse al margen del estado, ocupando/colonizando tierras no reclamadas y amparadas solo por el ambiguo título de tratarse de “tierras ancestrales” del pueblo, corriendo así el riesgo de que un denunciante de baldíos aprovechara la legislación sobre tierras baldías y la ausencia de títulos reconocidos por el estado que pudieran haber amparado la posesión de los indígenas, para denunciar las tierras con toda y su población que entonces quedaba como trabajadores baldíos en la nueva propiedad.

Mientras los gobiernos decimonónicos favorecían la propiedad privada en contra de la propiedad o posesión colectiva de tierras de los pueblos, precisamente esta condición de posesión precaria de las tierras de las rancherías exponía a sus pobladores al constante riesgo de perder sus cultivos y espacios de vivienda. Aunque existía la posibilidad de que propietarios privados fueran expropiados para beneficiar con sus tierras a un nuevo pueblo, esta opción fue la menos aprovechada por los gobiernos hasta el inicio de la Revolución.

La disposición de los regímenes revolucionarios de favorecer a los pueblos al reconocer y titular nuevamente bienes comunales en propiedad colectiva, tierras que se consideraban inembargables, inalienables, intransmisibles e imprescriptibles, abrieron nuevos caminos para asegurar a la creciente población espacios para sus cultivos y para el sustento familiar.

La opción de que rancherías dentro y fuera de las haciendas y fincas preexistentes podían solicitar ejidos abrió nuevas perspectivas para una población cada vez mayor. Después de una primera fase de solicitudes que afectaron primordialmente a las propiedades privadas, la opción de formar nuevos asentamientos en tierras nacionales y solicitar tierras para ejido, se transformó en un movimiento de colonización interna de los espacios hasta entonces despoblados. Esto sucedió especialmente en municipios grandes, donde tradicionalmente fincas, ranchos y rancherías habían estado en cierta cercanía a la cabecera, dejando considerables extensiones sin poblar y sin cultivos. Estas tierras fueron entonces pobladas por campesinos y extrabajadores de finca procedentes del propio municipio o incluso por migrantes provenientes de otros municipios más pequeños y con mayor densidad poblacional.

Este proceso lo podemos observar principalmente en las zonas periféricas donde la parte tradicionalmente habitada lindaba con la Selva Lacandona, con el valle del Tulijá, con las riveras en la región de Pichucalco o con la Selva del Ocote entre Cintalapa y el límite con Oaxaca. Fue en estas zonas donde después de 1922 la frontera agrícola avanzó hacía los límites extremos del estado e incluso de repente hasta más allá, como sucedió en la Selva del Ocote/Chimalapas.

Procesos parecidos de colonización interna, expansión e integración de terrenos baldíos con la formación de nuevas localidades como Colonias Agrícolas – todos eventualmente dotadas con tierras ejidales-, se dieron en muchos de los municipios fronterizos, los de los Valles Centrales y los de las regiones periféricas norte y occidente del Estado.

La política agraria de los gobiernos federal y estatal después de 1917 ofreció a la población indígena campesina por lo menos dos grandes ventajas: tierras donde realizar sus asentamientos relativamente lejos de las cabeceras de las cuales muchas ya tenían un porcentaje de población ladina; y la posibilidad de obtener tierras, sea de forma colectiva o como pequeña propiedad. A través de los años, muchos de estos nuevos asentamientos o colonias agrarias y/o ejidos se transformaron en agencias municipales, con una doble estructura administrativa consistente en sus asambleas generales y autoridades nombradas por la colonia o ejido, y con el puesto propiamente del agente municipal nombrado por el gobierno estatal o por el ayuntamiento. Probablemente más que contar con un agente municipal, lo importante eran las posibilidades que se les abrieron para obtener tierras ejidales. El hecho de contar como comunidad con la existencia de tierras ejidales que proporcionaban lo necesario para el sustento de los integrantes del ejido, requería de un sistema de control y de administración. Esto no solo dio paso a la instalación de autoridades ejidales, sino a la vez, a la recuperación de formas más tradicionales de autogobierno con respecto a cómo organizar y controlar la vida cotidiana en colectivo en estas tierras.

Siguiendo la lógica de las tierras como bien común, se formaron las Asambleas de los derechohabientes de los ejidos, que a su vez eligieron a los comisariados ejidales y las mesas directivas, consistentes en secretario, tesorero, vocales y su propio órgano de seguridad, los policías. Sin profundizar aquí más en la estructura y los cambios habidos a lo largo de las siguientes décadas, lo que resalta para las primeras décadas posrevolucionarias es la creación de una estructura de gobierno paralela al ayuntamiento, que, aunque formalmente sometida a él, garantizaba cierta autonomía, aparte de mejorar su representación y peso en el gobierno del municipio alcanzando una cuota de poder en las decisiones del mismo. Sin querer exagerar este nuevo poder de facto frente a los antiguos ayuntamientos que representaban un poder centralizado, la creación de las Colonias Agrícolas con asambleas generales ejidales y autoridades propias conjuntamente -aunque independientes- con el agente municipal, transformó eventualmente a aquellos en entes controlados por el conjunto de colonias agrícolas y agencias que formaban el contrapeso al tradicional poder de la cabecera.

Este sistema que satisfacía temporalmente las principales necesidades e inquietudes -tierras, bosques, aguas y autogobierno- que durante el siglo XIX habían llevado a la formación de nuevos pueblos, hizo retroceder el ímpetu de fundar nuevos municipios. Pero el crecimiento poblacional, el estrecho mercado laboral posrevolucionario alterno al sector agrario, y el proclamado fin de la Reforma Agraria en 1992, en aras de un renovado ímpetu neoliberal para dar nuevamente preferencia a la propiedad privada, hicieron que el interés de los relegados del sistema en la formación de nuevos municipios con su propia territorialidad y gobiernos autonómicos cobrara nueva fuerza.

División territorial 1990-1999 (1ª parte)

El alzamiento armado zapatista en 1994 y los años posteriores destruyeron lo último que había quedado de ilusiones de una permanencia de los logros sociales alcanzados por la Revolución Mexicana, revelando al mundo la enorme precariedad de las condiciones de vida de amplios sectores de campesinos y campesinas indígenas en el país y las poco alentadoras perspectivas del régimen revolucionario mexicano después de ocho décadas en el poder.

Fue este levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), simultáneo al ingreso de México al NAFTA el 1° de enero de 1994, lo que dio pauta al por lo pronto último episodio en la historia de la división territorial del Estado.

1994 – 2022

El levantamiento del EZLN el 1° de enero de 1994, sumado a una prolongada militarización de amplias zonas del Estado y frecuentes conflictos sociales, provocó una frenética actividad por parte de instancias federales y estatales para contrarrestar con programas de apoyo y de desarrollo el respaldo de los pueblos indígenas a las demandas del Ejército Zapatista. Durante las negociaciones en el pueblo de San Andrés Sacamchén, que siguieron a la fase de enfrentamientos armados, el tema de una remunicipalización del territorio fue presentada por parte del gobierno como mecanismo para contribuir a la distensión y reconciliación en el Estado. Incluso el gobernador interino, López Moreno, dando seguimiento a una propuesta del comisionado para la Paz y Reconciliación en Chiapas, Manuel Camacho Solís, planteó en 1994 la creación de tres municipios ubicados en la región selvática, proyecto que no prosperó. Entre noviembre y diciembre del mismo año las partes pro-zapatistas tomaron la iniciativa. En noviembre el CEOIC proclamó la creación de cinco regiones autónomas pluriétnicas que abarcaban amplias zonas del Estado incluyendo ciudades como Comitán y San Cristóbal, y poco después el EZLN, con el interés de crear espacios autónomos y solidarios, anunció la instalación de 32 municipios en rebeldía. Para 1996 el reconocimiento constitucional de la autonomía y de la libre determinación de los pueblos indígenas se había transformado en su demanda central. Sin haber sido tema privilegiado en las semanas y meses que siguieron al levantamiento, como tampoco al inicio de las mesas de diálogo, al final la cuestión de una revisión de la división territorial y de la creación de nuevas estructuras territoriales se transformó en una propuesta discutida, aunque desde posiciones totalmente antagónicas. Mientras los negociadores gubernamentales promovieron la reorganización territorial con la noción de perpetuar el esquema organizativo de los municipios existentes con un ayuntamiento elegido de forma directa por un voto secreto y con ciertas libertades en el manejo financiero e independencia en la administración de cuestiones de seguridad, salud, infraestructura, abasto etc., los zapatistas buscaron el establecimiento de entidades autónomas con la asamblea general como órgano máximo de su autogobierno y cuyos representantes -bajo el constante escrutinio de la asamblea- no solo tuvieran autonomía en los asuntos internos conforme a uso y costumbres, sino a la vez sobre la disposición de los recursos naturales de su jurisdicción. Mientras el gobierno defendía que los nuevos municipios oficiales deberían nacer por decreto del Congreso, quien les asignaría su nuevo estatus y territorialidad, la visión de los zapatistas partía de la voluntad compartida de las comunidades unidas por lazos históricos, culturales y geográficos, como factor decisivo para la formación de un nuevo municipio, desconociendo así el principio básico oficial para la división territorial y sobreponiendo otro.

Al final esta posición encontrada llevó al EZLN, junto con otros grupos de simpatizantes, a rechazar rotundamente la propuesta del gobierno Albores presentada en 1998 de crear 33 nuevos municipios, por considerarla como parte de una estrategia contrainsurgente encaminada a debilitar su movimiento. Varias de las nuevas cabeceras propuestas por el gobierno coincidían -especialmente en la región selva- con las de los municipios zapatistas en rebeldía establecidos con anterioridad, lo que llevó igualmente a la sociedad civil y a la oposición política en el Congreso del Estado a denunciar la propuesta como decisión vertical y no consultada. El gobierno a su vez denunció la creación de los 32 municipios en rebeldía como violación a la constitución estatal, considerando al Congreso del Estado como la única instancia legítima para la promoción y creación de nuevos municipios. En medio de un nuevo aumento de tensiones y con apoyo del ejército y de la fuerza pública, el gobierno mandó desmantelar a varias de las sedes de municipios autónomos, dejando en claro -como dicen Leyva/Burguete- que su planteada creación de nuevos municipios no iba ser “un instrumento de paz, sino un verdadero instrumento de guerra”.

La propuesta del gobierno tampoco encontró la esperada aceptación en el Congreso. En julio de 1999 los diputados solo autorizaron la creación de siete municipios, entre los que contaban tres municipios que ni siquiera habían estado en la lista propuesta por el gobernador, dejando a otros once para una posible segunda fase de la remunicipalización a futuro, algo que nunca sucedió.

Mientras que la formación de los 33 nuevos municipios como parte del programa contrainsurgente del gobierno fracasó por no ser más que un “simple programa de reordenación político territorial”, sin perspectiva alguna para satisfacer las demandas del EZLN, varios de los municipios autónomos, como entes de la resistencia organizada, perduran hasta la actualidad.

Independientemente del rechazo que sufrió la propuesta gubernamental por parte del EZLN, la perspectiva de crear nuevos municipios tuvo un efecto secundario inesperado. Publicada en los medios, provocó una avalancha de solicitudes de localidades que aspiraban ser liberadas de sus respectivas cabeceras y poder salir del abandono, para iniciar su vida comunal bajo sus propias autoridades como municipios libres. Entre 1998 y 1999 por lo menos 41 localidades, no incluidas en la lista del gobierno levantaron su voz reclamando igualmente su elevación a categoría de municipio libre; entre ellas 10 que habían sido municipio libre hasta 1921 y otras dos que ya presentaban una larga serie de intentos de ser declarados municipio libre, entregaron sus solicitudes al Congreso. Esta reacción inesperada muestra cómo el lanzamiento del plan del gobierno destapó una sentida necesidad de muchas comunidades, que había sido ocultada durante varias décadas por las acciones y la retórica de la Revolución Mexicana, de seguir buscando espacios propios y separados de las cabeceras establecidas, donde poder construir por sí mismos su futuro. La división territorial que no había sido tema en décadas, ahora renació con nueva fuerza apuntando a una amplia reestructuración territorial del Estado.

Entre los entonces 74 posibles municipios nuevos mencionados, varios -pero no todos- de ellos estaban en sobreposición con las regiones autónomas pluriétnicas y de municipios rebeldes, promovidas y realizadas estas por el CEOIC y el EZLN. Después de siete décadas y con solo menores cambios definitivos en la división territorial del Estado, la coyuntura conflictiva entre 1994 y 2000 había reanimado un anhelo de autogobierno entre muchas localidades, también en el resto del estado, más allá de la zona de conflicto.

Esta sorprendente coyuntura de reestructuración territorial del Estado, ponía en interacción estrategias y procesos múltiples; como fueron: a) las reivindicaciones históricas de antiguos pueblos, b) los anhelos de autogobierno de localidades que durante largo tiempo habían sufrido el rezago causado por el olvido de sus cabeceras municipales, c) la poco sutil estrategia contrainsurgente de los gobiernos federal y estatal que pretendían manipular y aprovechar los deseos de autogobierno de los pueblos a su favor, y d) la puesta en práctica de los municipios en rebeldía. Sin embargo, lo que pudo haber sido una posibilidad de contribuir a la paz social con una división territorial más justa y que mejorara el nivel de vida, terminó siendo desaprovechada y con resultados poco alentadores.

En resumen, la oleada de propuestas de creación de nuevos municipios sufrió un fuerte revés considerando que, de las 74 propuestas entre gobierno y pueblos interesados, solo se formaron siete. Cuatro de ellos como resultado del interés gubernamental y parte de una estrategia contrainsurgente, mientras los otros tres son producto de un hábil aprovechamiento de sus gestores, del momento crítico argumentando su lucha histórica y persistente abandono. El motivo político resalta claramente al ver que ninguno de los nuevos municipios estaba realmente en posibilidades de constituirse en una entidad autónoma, los ingresos que recibieron se canalizaron básicamente para intentar paliar el rezago histórico y fueron fondos acotados y etiquetados, dependientes de operadores políticos con intereses partidarios o ligados a decisiones gubernamentales autoritarias.

Los nuevos municipios autorizados por el Congreso son los siguientes: cuatro de la lista original presentado por Albores:

Marqués de Comillas (1999)

Segregado su territorio de 932.6 km2 del municipio de Ocosingo, se ubica en el extremo sur-este de la Selva Lacandona y en colindancia con la vecina República de Guatemala (Sur) Benemérito de Las América (Este) y Ocosingo (norte y oeste) donde confina con la zona de conflicto zapatista sin formar parte de esta última. Su población original de 8 693 habitantes (1998) se constituyó por movimientos migratorios en los años 70 y 80 del siglo XX, provenientes de otras partes de Chiapas y estados como Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y creció entre 2010 y 2020 por un 30.8 % a 12 892 habitantes. Al igual que hace 24 años el municipio muestra una tasa de marginación “alta”, dedicándose la población mayoritariamente al sector primario (ganadería extensiva y subsistencia) en los 28 ejidos que lo conforman.

Maravilla Tenejapa (1999)

Conforme al decreto de formación su territorio de 411.3 km2 fue segregado del municipio de Las Margaritas. Colinda sobre su lado norte y este con Ocosingo, norte y oeste con Las Margaritas y al sur con la línea divisoria con Guatemala. Ubicado en zona originalmente de selva alta, con altura de entre 200 a 100m de altura, dedica gran parte de su territorio a la subsistencia, formando el resto (37.1%) parte de áreas naturales protegidas. El 37% de su población se constituye por integrantes de las etnias Tsotsil, Tseltal, Chol, Q’anjobal, Tojolabal y Mam, mostrando su historia como región de colonización. Aun después de 24 años de haber sido formado, la tasa de marginación del municipio sigue como “muy alta”, lo que obliga a parte de la población a migrar por cuestiones laborales a Estados Unidos y Canadá. No obstante, el municipio registró un crecimiento poblacional del 28.5% en los 10 años entre 2010 y 2020.

Aldama (1999) [Magdalena]

Pueblo colonial indígena tsotsil que en 1921 había sido degradado a delegación y después agencia de San Pedro Chenalhó. Durante su existencia como agencia mantuvo funcionando su “kawildo indígena” hasta los años 70 del siglo XX. Más de dos décadas antes de ser nuevamente elevado a categoría de municipio libre en 1999, Aldama había pedido su restitución ya en 1974 al gobernador Velasco Suárez y en 1984 a la Subsecretaría de Asuntos Indígenas (SUBSAI) sin obtener respuesta favorable. Con una población de 3 635 habitantes (2000) y un territorio de apenas 26.8 km2, Aldama renace como uno de los municipios rurales con mayor densidad poblacional alcanzando en 2020, ahora con una población de 8 480 habitantes, los 316.5 por kilómetro cuadrado. Dedicada la población al cultivo de café y la subsistencia, no ha podido salir durante los últimos 24 años de su alto rezago social.

San Andrés Duraznal (1999)

Junto con Aldama, el municipio indígena de San Andrés Duraznal formó parte de la propuesta original del gobierno de Albores para la constitución de nuevos municipios en 1998. Ubicado en las faldas occidentales de la región de Los Altos de Chiapas, colinda con Simojovel, Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacán. Su reducido territorio de apenas 29 km2 que alberga once pequeñas localidades (cinco ejidos y 6 asentamientos), fue originalmente colonizado por migrantes procedentes del municipio de San Andrés y todavía hoy el 80% de la población habla tsotsil. Para formar el territorio fueron afectados los municipios de Simojovel y Pueblo Nuevo Solistahuacán, con el ejido de San Andrés Duraznal como nueva cabecera. La población aumentó en los años de 2000 a 2020 de 3 423 a 6 047 habitantes, lo que significa una densidad poblacional por kilómetro cuadrado de 158 habitantes. San Andrés Duraznal es el único municipio entre los siete formados en 1999 que -según los datos de INEGI- logró reducir su tasa de marginación de “muy alta” a “alta”.

Benemérito de las Américas (1998)

Segregado del municipio de Ocosingo, se ubica en el extremo sur-este de la Selva Lacandona en colindancia sobre sus lados Sur y Este con la vecina República de Guatemala, al norte con Ocosingo y Oeste con Marqués de Comillas. Sus 979.2 km2 son constituidos por tierras bajas de entre 100 y 300 metros de altura, albergando la mayor concentración poblacional en la antigua Selva Lacandona con 14.581 habitantes (1998) y 23.603 en 2020, repartida en ocho localidades. Su población se constituyó por movimientos migratorios en la segunda mitad del siglo XX, provenientes de otras partes de Chiapas (Ch’ol, Tsotsil) y estados como Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y se dedica a la ganadería y subsistencia. Desde 2015 el territorio ha sido cada vez más ocupado por el cultivo de palma de aceite, sin embargo, la tasa de marginación sigue como hace 24 años en “alta”.

Santiago el Pinar (1999)

Pueblo indígena colonial ubicado en Los Altos entre San Andrés Sacamchén y Chenalhó, había sido degradado en 1921 por el gobierno de Tiburcio Fernández Ruiz a delegación y después agencia de San Andrés. No obstante, durante las siguientes décadas había mantenido su “kawilto indígena”, manteniendo viva la experiencia de haber sido municipio libre., e intentado en varias ocasiones de recuperar su independencia. Ya desde 1973 Santiago El Pinar había solicitado al entonces PRODESCH, su restitución como municipio libre. Sin embargo, ni esta, ni sus dos posteriores peticiones habían encontrado repuesta; una fue hecha en 1978 directamente al presidente López Portillo y la otra en 1990 al gobernador Patrocinio González. En 1998 Santiago se unió a otros más de 40 pueblos solicitando su elevación de categoría, lo que fue autorizado por el Congreso en 1999. Su minúsculo territorio de apenas 17.7 km2 fue segregado de San Andrés y regresado a los entonces 2 174 habitantes. Actualmente el municipio tiene una de las más altas densidades poblacionales con más de 300 habitantes por km2.y con la tasa de marginación en la categoría de “muy alta”.

Montecristo de Guerrero (1999)

Pueblo fundado en la segunda mitad del siglo XIX por inmigrantes guatemaltecos en los límites sur-este del Valle Central. En 1912 fue segregado del municipio de La Concordia y elevado a municipio libre, solo para ser degradado a delegación de la anterior cabecera en 1921. Vuelto a su categoría en 1925, solo duró ocho años antes de ser declarado parte del nuevo municipio de Ángel Albino Corzo, junto con el pueblo de Jaltenango. 66 años después el Congreso le devolvió su estatus de municipio libre. Actualmente el municipio cuenta con 198 km cuadrados y con una población que no alcanza los 9 mil, de los cuales, según el gobierno Federal, en 2021 el 96.7 % vivía en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, siendo el principal ramo de actividad económica el cultivo de café.

División territorial 1990-2022 (2° parte)

Mientras que en 1998 la iniciativa del gobernador Albores de formar 33 nuevos municipios para contrarrestar el movimiento zapatista, había encontrado amplia resistencia en los propios círculos políticos y en la sociedad civil, en 2011 la situación había cambiado. Juan Sabines, antes integrante del PRI, había ganado las elecciones para 2006-2012 como candidato de la coalición “Bien para todos” conformada por los partidos PRD, PT y Convergencia. Bajo su gobierno, el Congreso del Estado elevó el 23 de julio de 2009 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD) a rango constitucional. Los objetivos de este programa de la ONU se enfocaron en la erradicación de la pobreza, acceso a la educación, igualdad de género, salud, conservación del medio ambiente y la garantía de un salario mínimo. Argumentando que en buena parte del Estado los rezagos sociales en estos rubros se debían a la lejanía de las comunidades de sus cabeceras, el cumplimiento de los objetivos fue utilizado para justificar en 2011 la formación de por lo menos cuatro nuevos municipios. Como paso previo reformaron en septiembre de 2011 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas insertando los Objetivos del Milenio que poco después aparecieron entre los considerandos del decreto de formación de los nuevos municipios; los cuales fueron: Emiliano Zapata, con tierras de los municipios de Acala, Chiapa de Corzo y Venustiano Carranza; El Parral, con tierras de Villa Corzo y Villaflores; Raudales Malpaso, con tierras de Ocozocuautla, Ostuacán y Tecpatán; y Belisario Domínguez, con tierras de Cintalapa (y de Santa María y San Miguel Chimalapa en Oaxaca). El hecho de que sus decretados territorios se componían de partes de varios municipios subraya su marginalidad geográfica con respecto a sus respectivas cabeceras municipales, lo que según el decreto había llevado a “desigualdades sociales y la pobreza extrema”, causadas “por una serie de factores socioeconómicos, sociales, culturales, sin olvidar por supuesto el singular relieve y geografía de nuestro territorio” que había llevado a que estas comunidades hubieran “tenido un acceso restringido a los servicios públicos, disminuyendo con ello las oportunidades de estas poblaciones de tener una vida digna y saludable”. Con su segregación y elevación, se pretendía que estas comunidades se convirtieran en nuevos municipios conformados por “comunidades con usos, costumbres y valores culturales afines entre sí, lo que fomentará una correcta integración comunitaria” lo que les “permitirá situarse a la par del progreso de los municipios constitucionalmente ya establecidos.” Como argumentan los diputados, por lo menos dos de las cuatro comunidades propuestas (El Parral y Raudales), ya tenían antecedentes al haber formado parte de los municipios que en 1998 habían solicitado sin éxito su municipalización al gobierno de Roberto Albores. En cambio, el Ejido 20 de Noviembre (Emiliano Zapata) y Belisario Domínguez representaban totalmente nuevas propuestas.

La propuesta fue aceptada por el Congreso por unanimidad y apoyada por la mayoría de los ayuntamientos del Estado, cumpliendo así con los requisitos Constitucionales.

La novedad del decreto consiste en la calidad de los datos geográficos levantados. A partir de 2011, los expedientes de creación de nuevos municipios contienen las coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas del polígono territorial de cada uno, más los datos de todos los asentamientos que de allí en adelante corresponderán a esta nueva entidad y su ubicación georreferenciada, logrando con ello una posición precisa en la cartografía actual.

Lo que llama la atención es el Art. 13° de la mencionada ley, el cual reza que “los municipios tendrán el territorio comprendido dentro de los límites que hasta hoy se les han reconocido”. Esta formulación que insinúa la existencia de conocimientos precisos y validados por actas administrativas y decretos legislativos con respecto a las extensiones de todos los municipios, reconocidos por todas las partes interesadas, ha sido y sigue siendo una quimera. Solo los mencionados nuevos municipios cuentan en sus expedientes de formación con estos datos, los otros más cien municipios preexistentes carecen de estos datos, lo que permite vislumbrar un enorme potencial conflictivo. Sin embargo, la existencia del conjunto de datos geográficos georreferenciados y de actas de acuerdo de los municipios afectados, tampoco garantizan una futura seguridad de paz entre nuevos y viejos municipios, tal como lo podemos percibir en el caso de la (re)creación del municipio de Santiago El Pinar. Para poder cumplir el legislativo con el requisito constitucional de contar con acta aprobatoria del ayuntamiento cuyo territorio quedaría afectado por la segregación del nuevo municipio, se presionó y amenazó al ayuntamiento de San Andrés Larráinzar para que firmara un acta preformulada por los legisladores; firma a la que se había negado ya varias veces.

La misma Ley Orgánica Municipal permite a la vez reconocer los límites de la autonomía de los ayuntamientos con respecto al control y la defensa de su territorialidad. Para formular, validar y decretar esta ley que reglamente aspectos importantes de la vida municipal, el Congreso del Estado no requiere ni la participación ni la aprobación de parte de estas entidades, sino que cuenta con soberanía para legislar. Así que sigue siendo el Congreso del Estado el responsable de modificar la composición municipal, puesto que “mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, tendrá la facultad de modificar su extensión territorial y la de suprimir los municipios existentes y crear otro en su lugar, cuando así sea conveniente al interés público y su cumplan las formalidades que establece la Constitución Política del Estado.” Igualmente, “las diferencias sobre límites territoriales, que se susciten entre dos o más municipios, serán resueltos por el Congreso del Estado […] Cuando sea de carácter contencioso, el conflicto será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.”

Aquí no solo se subraya la continua competencia del Congreso, sino que la legislación introduce como nuevo actor en la cuestión de conflictos de límites territoriales al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo mismo pasó a nivel nacional con respecto a conflictos sobre límites interestatales, como ha sido el caso de las contiendas entre los ayuntamientos de Cintalapa (Chiapas) y Santa María y San Miguel Chimalapa (Oaxaca) en cuyo caso, el conflicto sobre límites municipales era a la vez un conflicto sobre límites estatales entre estas dos entidades federativas. La creación en 2011 del municipio nuevo de Belisario Domínguez en territorio reclamado a la vez por Cintalapa como por los dos municipios oaxaqueños, llevó a que organizaciones civiles de los Chimalapas presentara, en diciembre de 2012 una Controversia Constitucional que después de muchos reveses fue finalmente sentenciada en noviembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Oaxaca, obligando a Chiapas a disolver el municipio de Belisario Domínguez y reestablecer el estatus quo anterior.

Al presentar la propuesta, conscientes de la disputa entre ambos estados, los diputados chiapanecos habían aprovechado el mecanismo de la creación de nuevos municipios para crear hechos y defender -según ellos- la soberanía del Estado frente a los campesinos oaxaqueños procedentes de Santa María y San Miguel Chimalapa.

La posición de los diputados era que existía un trabajo técnico bien hecho y que no se trata de un capricho del Ejecutivo, se trata de una iniciativa donde se tomaron en cuenta todas las partes que deben de estar involucradas con bases en los requisitos que se deben de llenar y se le pidió tanto su opinión, a las comunidades involucradas como a los ayuntamientos afectados, […] hay un pleno consenso de los habitantes de las comunidades que se proponen como nuevos municipios con los ayuntamientos de los cuales se van a rescindir. En primer término, la creación del municipio Belisario Domínguez conformado por las comunidades Gustavo Díaz Ordaz, la Ondanada, San Marcos Montebello, Flor de Chiapas y la que será su cabecera Rodulfo Figueroa, esta iniciativa permítanme que pueda ampliar un poquito respecto de ello, quienes hemos manejado el tema agrario durante muchos años, sabemos todo mundo que el tema agrario es fácil, pero pocos lo resuelven eh, pocos lo resuelven; y en el tema agrario lo que debe estar principalmente además de cumplir con la ley es la voluntad de un gobierno, la voluntad de querer hacer las cosas porque aquí no es solamente la petición para un municipio, ustedes son testigos, ustedes son testigos como hace pocos días la prensa lo decía, secuestraron a un compañero nuestro, no dejan pasar a nuestros compañeros a sus comunidades, hay problemas de ingobernabilidad, porque tenemos problemas con otros que no les importa Chiapas, que no es su estado, y nosotros los chiapanecos tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender nuestro estado y una de las maneras en la que demuestran las gentes y los campesinos y los que viven ahí, como se protege la soberanía es a través de la constitución de ejidos de comunidades o de municipios, por eso la Comisión de Gobernación considera que esta iniciativa es muy provechosa.

Es decir, en vez de lograr acuerdos entre ambos estados, el gobierno chiapaneco intentó imponer su posición, desconociendo por completo los reclamos oaxaqueños, y en vez de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que pretextaron, aprovecharon estos para seguir un pleito territorial con el estado vecino, sirviendo a intereses materiales de grupos madereros y ganaderos chiapanecos.

El fallo final de la SCJN en noviembre de 2021 fue publicado en extenso en el Diario Oficial, del 25/03/2022, páginas 157 - 313, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 121/2012, sobre límites territoriales entre los Estado de Chiapas y Oaxaca.

Al igual que el gobernador Jaime Sabines, el siguiente gobernador candidato del Partido Verde, Manuel Velasco Coello (2012-2018), antes de proponer al Congreso la creación de nuevos municipios, se dedicó a adecuar la legislación, precisando los requerimientos y procedimientos con los que debían cumplir las comunidades solicitantes y las instancias del H. Congreso del Estado. Estos fueron plasmados en la Ley de Municipalización puesta en vigencia el 10 de mayo de 2017, justo a tiempo para que iniciaran en junio las deliberaciones del Congreso sobre dos solicitudes: Capitán Luis Ángel Vidal, comunidad en Siltepec ubicado sobre la vertiente interior de la Sierra Madre de Chiapas, y San Pedro Rincón Chamula, comunidad del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán en la región zoque.

Resalta en la Ley de Municipalización el énfasis que se pone sobre la cuestión de los límites entre los municipios. Parte de la información a entregar por las comunidades al H. Congreso se refiere a una descripción de sus futuros límites y colindancias, con respecto a la cual no simplemente se piden las actas de conformidad del o de los municipios afectados, sino que el Art. 10° estipula expresamente que los ayuntamientos que se “vean afectados en su territorio por la creación del nuevo municipio deberán ser escuchados previamente por el Congreso del Estado.” El capítulo 4° “De los Límites Municipales” en su Art 18° introduce como novedad que “Los municipios del Estado podrán arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites, sometiéndolos al Poder Legislativo del Estado para su aprobación.” Solo en caso de diferencias sobre límites, éstas serán resueltas por el Poder Legislativo (ya no por el Tribunal Superior de Justicia del Estado como había decretado el gobierno de Juan Sabines Guerrero en 2009), el cual también debe publicar los convenios aprobados y las resoluciones dictadas en el Periódico Oficial del Estado.

Precisados los requisitos y procedimientos reglamentarios al artículo 45, fracción XIX de la Constitución Política de Chiapas, los diputados iniciaron la revisión de los expedientes técnicos jurídicos, con la documentación respecto a la legalidad de la tenencia de la tierra, actas de cabildo y actas comunitarias, anexos estadísticos, planos diversos, carpetas agrarias, límites y colindancias, así como los mapas que precisan la circunscripción territorial de los nuevos Municipios, mismas que quedarán conformadas por comunidades con usos, costumbres y valores culturales afines entres sí, dando como resultado dos nuevos municipios debidamente ajustado a lo dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; La argumentación final plasmada en los considerandos fue copiada de las justificaciones utilizadas para la creación de los cuatro municipios en 2011. Nuevamente se trata de combatir los rezagos sociales, la incomunicación y de acercar los servicios públicos de justicia, educación y salud a importantes partes de la población chiapaneca. Nuevamente los dos municipios corresponden al grupo de comunidades que ya en 1998 habían realizado sus solicitudes para ser elevadas a la categoría de Municipio libre.

Los municipios nuevos (2011-2018)

En la misma fecha de la fallida creación de Belisario Domínguez fueron elevadas otras tres comunidades a categoría de nuevos municipios.

Mezcalapa (2011)

También en la zona occidental del Estado de Chiapas fue creado el nuevo municipio Mezcalapa, con cabecera en Raudales Malpaso, y habitado por población expulsada del antiguo municipio de Quechula (después municipio de Tecpatán) por la creación de la presa Nezahualcóyotl, y antiguos trabajadores de la presa provenientes de otras partes de la nación. Alejada de la cabecera Tecpatán, además de estar separada por la presa, la comunidad Raudales de Malpaso en 2003 fue enlazada por la nueva autopista que conecta la región de Tuxtla Gutiérrez con Tabasco y Veracruz, lo que dio el impulso de solicitar su elevación a municipio nuevo con el nombre “Mezcalapa” para poder aprovechar su riqueza “en recursos naturales, en producción agrícola, ganadera y pecuaria, sólido comercio interno y externo”. Así, la municipalización se consideró como un detonante para su desarrollo regional, social y económico. Su territorio se formó con segregaciones originalmente de los tres municipios de Tecpatán, Ostuacán y Ocozocuautla de Espinosa, contando en el momento de su formación con una población de aproximadamente 21 000 habitantes, repartidos en 71 comunidades sobre un territorio de 847 km2.

El Parral (2011)

El Parral cuenta entre las comunidades que ya en 1998 hicieron solicitud al entonces gobierno de Albores para ser elevadas a municipio libre, pero su caso fue desechado. En 2011 el gobierno de Juan Sabines retomó la solicitud, y mandó segregar partes de los territorios de Villa Corzo y Villaflores para el nuevo municipio, que en el momento de formación contaba con 15 587 habitantes, repartidos en 84 localidades en un territorio de 369 km2.

Emiliano Zapata (20 de Noviembre) 2011

El tercer municipio creado en la misma fecha que el anterior es Emiliano Zapata cuyo territorio se desprendió, según fuentes del INEGI, de los municipios de Acala, Chiapa de Corzo y Venustiano Carranza. En 2020 contó con 10 783 habitantes, repartidos en 93 localidades en un espacio de 218 km2.

Capitán Luis A. Vidal (2017)

Bautizada con el nombre del antiguo líder militar en la zona de Mariscal, Luis A. Vidal, hermano del gobernador Carlos A. Vidal (1925-27), la ranchería retomó su activismo político en los años noventa del siglo XX, vinculándose con el zapatismo, formando parte de la “Otra Campaña”, al igual que de la resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al integrarse a la organización “Luz y Fuerza del Pueblo”. Según Burguete

Desde el 2010 hasta el 2013 los habitantes del ejido se declararon en rebeldía, clausuraron cantinas y realizaron otras acciones como gobierno autónomo. En este marco denunciaron y rechazaron la minería y se solidarizaron en contra de la extracción que se realizaba en municipios vecinos como Chicomucelo al expulsar a la empresa [minera] Black fire.

En la solicitud de elevación a nuevo municipio, la zona se describe de la siguiente manera:

Se encuentra ubicado en la vertiente interior de la Sierra Madre de Chiapas, por tal motivo, el relieve es accidentado, caracterizado por altas montañas y profundos valles que abarcan altitudes desde los 900 msnm hasta los 2300 msnm en las cumbres más altas, la vegetación corresponde casi en su totalidad a bosque mesófilo de montaña y bosque de pino. Cabe destacar que prácticamente todo el territorio del municipio se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de El Triunfo y el Área Natural Protegida Pico de Loro-Paxtal, esto aunado a que el cultivo predominante en la zona es el café, han ayudado a conservar en relativamente buen estado las condiciones naturales del área.

Rincón Chamula San Pedro (2017)

Ranchería ubicada en las Montañas del Norte y constituida por migrantes Chamulas que probablemente llegaron a finales del siglo XIX y se asentaron en tierras zoques de Pueblo Nuevo Solístahuacán. Hasta hoy han conservado su lengua y tradiciones. En 1921 contaba con 365 habitantes, y en 1935 incluso se transformó brevemente en cabecera del municipio, regresando después de seis meses su sede nuevamente a Pueblo Nuevo. En 2017, las ocho rancherías que debían conformar el nuevo pueblo de Rincón Chamula San Pedro contaban entre 7 y 8 mil habitantes distribuidos en escasos 78 km2. El municipio produce maíz, frijol, papa, cebolla, hortalizas y frutales en cantidades importantes que comercializa en los municipios de la región, de igual forma, en las zonas bajas produce ganado vacuno y porcino.

Honduras de la Sierra (2018)

Según decreto de constitución, la ranchería Honduras, del municipio de Siltepec, se formó como municipio en 1905 “por los ciudadanos: Aron Matul Gálvez, Artemio Méndez Osorio, Braulio Gutiérrez Méndez, Calixto Méndez, Bernarda Méndez, Juan Gutiérrez, y el profesor Agatón Roblero Roblero en ese entonces maestro comunitario.” En 1910 ya aparece en el censo oficial con 263 habitantes que aumentan hasta 1930 a 364 pobladores. Según el mismo decreto “todo el occidente del municipio de Siltepec, presenta un cierto rezago y falta de atención por parte de su ayuntamiento, [por lo que] se hace necesaria la creación de un nuevo municipio que acerque los servicios y la atención a los habitantes de esta zona. Después de ser declarado el ejido colindante de Luis A. Vidal nuevo municipio, al año (02/05/2018) igualmente Honduras es elevado a municipio libre tomando el nombre de Honduras de la Sierra. Por una impugnación por parte del municipio de Siltepec, rechazada por la Corte Suprema de Justicia de México, se confirma el 11/09/2019 la formación del nuevo municipio. Su territorio está limitado al norte con Chicomuselo, al sur con el Municipio de Escuintla, al este con el Municipio de Siltepec, al oeste con los Municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y Ángel Albino Corzo. Según los informes cuenta con 68 (63) localidades repartidas entre los ejidos El Letrero, Nueva Argentina, Pablo Galeana, Las Delicias, Santa Isabel Zuan, Cerro Perote, Loma Bonita Ángel Díaz y el de Honduras de la Sierra con un total de 10 962 habitantes (2020), siendo su única vía de comunicación la carretera que conecta con Siltepec y Ángel Albino Corzo. La principal actividad económica consiste en la producción de café, además de maíz, frijoles, plátanos, naranjas, aguacates, cacahuate, chayote y calabaza, así como la cría de ganado vacuno y ovino.

Actualmente, a mediados de 2022, hay varias autoridades ejidales en Honduras de la Sierra que impugnan la pertenencia a este municipio pretendiendo regresar al municipio de San Isidro Siltepec.

Conclusión

Si tomamos en serio el combate a los rezagos sociales-materiales y la consecución de la paz social como propósitos sobresalientes de los gobiernos en la formación de nuevos municipios, debemos hacer constar que los propios datos del gobierno (INEGI) y los hechos públicos y notorios de brotes violentos sobre límites incluso con municipios de nueva creación, comprueban la ineficiencia de esta medida. Los siguientes datos oficiales permiten ver que los cambios logrados -si hubo alguno- en el combate a los rezagos (manifiestos en los índices de marginación) son mínimos.

Los nuevos municipios, 1999-2020

Nuevo municipio	Extensión en km2	Pob. 1999	Pob 2000 INEGI	Pob. 2020INEGI	Densidad poblacional por km2, 2020	Tasa marginación2015	Tasa de marginación 2020
San Andrés Duraznal	29.1.	3989	3423	6047	157.9	Muy Alta	Alta
Magdalena Aldama	26.8	4033	3635	8480	316.5	Alta	Alta
Santiago el Pinar	17.7	3204	2174	4959	300.1	Muy Alta	Muy Alta
Benemérito de las Américas	979,2(1093*)	14581	14436	23603	21.6	Alta	Alta
Marqués de Comillas	932.6(909.9*)	8693	8580	12892	14.2	Alta	Alta
Maravilla Tenejapa	411.3	7172	10526	14714	27.1	Muy Alta	Muy Alta
Montecristo de Guerrero	190.2(197.7*)	10326	5086	8412	42.5	Alta	Alta
El Parral	369			15587	42.1	Alta*	Media
Mezcalapa	746.8			23847	31.9	Alta*	Alta
Emiliano Zapata	218			10783	49.4	Media*	Media
Capitán Luis A. Vidal	225.4			4315	19.1	Alta*	Alta
Rincón Chamula San Pedro	78			8718	111.8	Alta*	Alta
Honduras de la Sierra	267			11650	43.6	Alta*	Alta
Total	4491.1	51998	47.860	154.007